Durante el tardofranquismo, la progresía fue admitiendo como cierto que catalanes y vascos, aún siendo españoles, eran también calalanes o vascos. Se veía Cataluña como lo más cercano a Europa, era un ventanal al cosmopolitismo al que aspiraban los pocos progres e intelectuales que había en este “país en desarrollo” para salir del tercer mundo en el que casi se nos podía encuadrar (¡cómo han cambiado las cosas! ¡y a mejor! ahora hay muchísimos: Los Bardem son intelectuales, Suso de Toro es intelectual, Willy Toledo es intelectual... Estoy seguro de que cuando termine con el caso “Campeón”, hasta Pepiño Blanco podrá ser abajofirmante de un manifiesto de intelectuales). El País Vasco no sólo era el epicentro industrial español, también era donde se encontraban los irreductibles, aquellos que, con el impulso del semiclandestino PNV, un partido democristiano moderno, propugnaban por una democracia homologable en proporción mucho mayor que en el resto de España, no sin lo que se percibía como “ligeros excesos” terroristas apoyados de tapadillo por Francia, probablemente en consideración al apoyo de Franco a los terroristas de las OAS.
Cuando poco después se pusieron a redactar la Constitución, el pintoresco federalismo del psoe (pintoresco porque aparentemente sólo pretende debilitar al estado ya que es lo opuesto al internacionalismo que también preconizaban) era ya de inevitable aceptación por la derecha, que pese a que era entonces absolutamente hegemónica, pretendía conseguir una constitución duradera aún a costa de ceder en muchos de sus principios básicos, como era el de la Unidad de España, así que debía oficializarse dentro de España un cierto grado de autonomía para vascos y catalanes, que contaban, además, con estatutos históricos en la malhadada Segunda República. Inmediatamente saltó el psoe (digamos que el ánimo boicoteador de ese partido, que acabó saliendo de la Comisión Constituyente una semana antes de que se aprobara el texto definitivo, ya empezaba a enseñar la oreja) pretendiendo que Galicia, cuyo estatuto republicano, ya aprobado, no había entrado en vigor por cuestión de días, tuviera también su propia autonomía. Además, tenía también un idioma propio...
El gallego siempre había sido considerado una forma rara de hablar, como había tantas otras en España (no es óbice que se hayan escrito buenas obras literarias en ese dialecto, las hay en muchos otros, si lo dudas, busca por la red un libro de poemas que se llama “El miajón de los castúos”, de un grandísimo, semidesconocido y extremeño Luis Panizo, tan grande como Miguel Hernández –adiós hermanos, camaradas, amigos / despedidme del sol y de los trigos, escribió en la pared de la enfermería de la carcel de Orihuela- y de su misma procedencia –también era pastor- que si no está en los altares de “la gente de la kultura” es sólo por su temática lírica y no reivindicativa), así que si eso del “idioma” era un mérito a sumar para tener una clase política propia, en Andalucía también se hablaba raro, y además su proyecto de estatuto estaba en tramitación cuando los parlamentarios y gobernantes republicanos salieron de najas hacia Valencia en el 36.
Y en ese momento le asomaron las vergüenzas a la derechona caciquil del siglo XIX. Esa derechona había sobrevivido en la II República hasta el punto de que durante los debates sobre el Estatuto de Cataluña, José Calvo Sotelo, mantuvo que “Si Cataluña tiene su Estatuto, Vasconia y Galicia deben tenerlo también (...) ¿por qué no, asimismo, las demás regiones, con una Generalidad en Sevilla, otra en Zaragoza, otra en Burgos, etc? (...) Estatutos para todos o para ninguno...”. Un merluzo de la derechona, D.Manuel Clavero Arévalo, sevillano de pro, catedrático creo que de derecho administrativo y que terminó encabezando la populista exigencia de reconocimiento de Andalucía como una “autonomía de primera” dijo aquello tan recordado ahora de “¿Que quieren café? ¡Pues café para todos!”. Los psocialistas, encantados con las posibilidades de mangoneo en una España hiperdividida, la derechona, también encantada de poder mantener fronteras cortas que favorecieran los comportamientos caciquiles, y todos relamiéndose con las Consejerías, Viceconsejerías, Direcciones Generales, Organismos públicos, Presidencias de diputaciones... todas tan necesitadas de asesores, coches oficiales, Visas oro y mamandurrias sin fin. Y, sobre todo, con el control del poder judicial de rango autonómico: los trapos sucios se lavan en casa. El poder que otorgaba en el XIX la tenencia del suelo rústico y su sarta de jornales, pasaba a darlo ahora el suelo urbano y su sarta de plusvalías y pelotazos.
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| Manuel Clavero Arévalo |
El desmadre organizativo preautonómico fue de tal calibre que poco faltó para que tuviéramos una autonomía por provincia. No, no exagero, a las autonomías uniprovinciales de Cantabria, Rioja, Asturias, Baleares, Murcia y Madrid pudo sumarse Almería, pero entre que Murcia también la quería y que había pertenecido a Andalucía desde la división de Primo de Rivera, se tuvo que quedar allí (aunque votó en contra en el referendum), y y a punto estuvo de llegar algo tan peregrino como la autonomía de Segovia, cuyo proyecto al margen de Castilla y León provocó una escisión en la UCD de Suárez encabezada por un diputado, Modesto Fraile, y llevó a una situación tan caricaturesca que, quién sabe, podía haber acabado con la comedia –o no sé si farsa- autonómica. Tan ridículo suena hoy la autonomía de Segovia, como sonaba entonces la de Cantabria o Rioja, no nos engañemos.
El caos era tan inmenso, que el ayuntamiento de Villadiego y otros veinte municipios castellanoviejos más anularon sus acuerdos de incorporación a Castilla y León por no haberse aprobado la capitalidad en Burgos. Y todo, con el apoyo de la Alizanza Popular de Fraga, de los viejos caciques, deseosos de tener unas fronteras cortas susceptibles de ser manejadas con más facilidad.
Para terminar el cuadro, las autonomías no recaudaban impuestos, sólo organizaban el gasto y, con lo que ya se sobrepasa cualquier tipo de análisis racional, se les permitió endeudarse. No contentas con las transferencias del estado, los pequeños caciques decidieron asegurarse las reelecciones, y como nadie podía ser más que ellos, cada pueblo tenía que tener un hospital con todas las especialidades, un auditorio, una piscina olímpica, otra cubierta, un velódromo y un polígono industrial; cada capital de provincia una universidad con todas las titulaciones, un hospital gigantesco lleno de los aparatos más caros, una estación de AVE, un aeropuerto, una autopista de circunvalación, metro, delegaciones de todas las consejerías, etc, etc. Y si no llegaban las transferencias se emitía deuda.
La deuda creció y creció, hasta que ya no se pudo emitir deuda nueva que no fueran bonos patrióticos, así que empezaron las transferencias de los impuestos: primero, el quince por ciento del de la renta, luego el treinta y cinco, luego, el cincuenta, luego, el cincuenta por ciento del IVA. Ya no era posible más, pero el gasto estaba disparado. Los candidatos a repetir mandatos se enorgullecían en cada región autónoma de ser los que más leyes habían aprobado en la legislatura, y cada ley obligaba a contratar nuevos funcionarios para seguir sus trámites, vigilar su cumplimiento e instruir las sanciones; los gastos por los servicios que duplicaban se escondían en empresas públicas dirigidas por amiguetes y familiares. Y los partidos políticos estatales necesitaban contar con los modernos caciques para gobernar.
Y entreverado con lo anterior, a partir de 1998, la caída en picado de los tipos de interés, la recuperación del control urbanístico por las comunidades autónomas y los ayuntamientos (si, la Ley del Suelo de Aznar, que se lo había quitado, obtuvo un serio revolcón de el Tribunal Constitucional de las postrimerías del felipismo que era más que federalista, y una facilidad crediticia que no paraba de aumentar, provocaron una inmensa oleada de pelotazos urbanísticos, construcciones y compraventas inmobiliarias cuyos beneficios, además de enriquecer a cualquier albañil metido a empresario, a todos los pasapisos que en el mundo han sido y a los cuñados de los concejales, inflaron de pasta fresca los municipios y las autonomías. Con este pastón, tan obviamente ocasional como un premio de lotería, se consiguió que miles de políticos profesionales se comportaran como cualquier gárrulo semiletrado que acierta un bote de la primitiva, pero mientras el patán premiado se funde la pasta en lujos estúpidos de los que antes o después tendrá que prescindir sin demasiado problema y, si no es un absoluto insensato que se ha endeudado en el camino hacia la ruina, podrá volver al andamio, al tractor o al mostrador de la ferretería sin mas daño que su vergüenza, los recuerdos de la vuelta al mundo y las comilonas de a cien lereles el plato y la pena de haber perdido el mercedes y el chalet, los políticos autonómicos se han tomado el gordo que les tocó como ingresos recurrentes y han cargado de gastos y derechos a sus conciudadanos de los que dicen que ya no se puede prescindir. Y además, se han endeudado.
(sigue mañana)



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