martes, 20 de septiembre de 2011

Cómo aplicar la idiocia a la política fiscal

El título del post debería ser “cómo aplicar la idiocia malintencionada a la política fiscal promoviendo la confrontación social y castigando el esfuerzo: laminar el futuro con políticas cortoplacistas”, pero era demasiado largo, así que se ha quedado sólo en el principio, y no sé aún si el texto también se recortará y dejaré el resto para otro momento o resultará decididamente plasta y en varios trozos. A ver.

Porque ha sido en la política impositiva el campo en el que el dirigente más incompetente de los últimos siglos ha dado la medida de su nula capacidad para el uso adulto del cerebro y para retener siquiera una pequeña parte de las dos tardes de clase que le prometió Jordi Sevilla nada mas apearse de los trenes que le llevaron a Moncloa... si es que llegó a dárselas, que cualquier Zote redomado con el seso de un chimpancé toxicómano habría sido capaz de quedarse con una mínima parte de la enseñanza recibida por tendente a mediano que fuera el profesor.

González podía ser calificado de cualquier cosa salvo de tonto, puede ser malo, metiroso, demagogo o caradura, pero tonto, no. Cuando llegó al gobierno, la ley del impuesto sobre la renta ya estipulaba que la diferencia entre el precio de compra de un inmueble, de una acción, de cualquier cosa, se debía integrar en la base imponible del IRPF (lo que implica pagar el tipo marginal, el máximo en el caso de transmisiones de los bienes más valiosos). Teniendo en cuenta una inflación de dos dígitos, la realidad hacía que en pocos años el precio de un piso, por ejemplo, se podía haber multiplicado por cuatro en valor nominal mientras que su valor real se había mantenido estable (seguía valiendo, por ejemplo, tres veces la renta media anual); es decir, el estado se quedaba, por la cara, con la mitad o con un tercio del valor de cualquier cosa que pudieras vender.

En solo seis u ocho años, González se dio cuenta de que eso de integrar en la base imponible las plusvalías afloradas tenía, al menos, tres efectos perniciosos: reducía las transacciones, pues si te van a crujir a impuestos cuando vendes tiendes a no vender, fomentaba la inflación, ya que los vendedores trataban de trasladar el impuesto a los compradores, y, sobre todo, fomentaba la existencia de dinero negro porque incitaba a vender los bienes por un precio y declarar la venta como hecha a un precio inferior (también perjudicaba especialmente a las clases medias, pero eso le importaba una higa). Además, también se percató (o alguien le avisó) de que una cosa era un especulador, alguien que vive de comprar barato y vender caro los bienes que por cualquier razón están subiendo de precio más rápidamente que los demás (actividad, por otro lado, perfectamente legítima y útil por la liquidez que se introduce en el mercado), y otra cosa distinta era un inversor, alguien que ahorra e invierte en algo con vocación de quedarse en la inversión y que pasado el tiempo decide cambiarla o pulirse los ahorros en copas y francachelas. A los primeros les podías crujir a impuestos, pero a los segundos hay que protegerlos porque son los que crean y mantienen la riqueza y el empleo. Así que eximió gradualmente de impuestos a los inversores (la base imponible se reducía cada año) manteniéndolos a los especuladores. La cosa funcionaba.

Marx (siguiendo a Adam Smith y a David Ricardo, que mantenían que la plusvalía era la remuneración del riesgo, pero de eso no sabe nada nuestro prócer) decía que el origen de la riqueza era el trabajo, que el origen de la ganancia capitalista era la plusvalía del trabajo no retribuido a los trabajadores en sus salarios. Pero al Rapsoda de Copenhage, futuro Supervisor de Nubes (¡manda güebos!) el concepto no le llegó al cortex frontal; este vago redomado, que no debió aprobar ni primero de marxismo y progresía por pura incapacidad personal, sólo se había quedado con la espuma de la cerveza, con la consigna, y eso de que existieran plusvalías exentas de pagar impuestos le debía parecer algo horroroso, lo peor de lo peor, porque al fin y al cabo, las plusvalías (aunque se trate de un tipo de plusvalía distinta a la execrada por Don Karl, no sé si alguien se lo ha intentado explicar), son lo más deleznable del capitalismo, lo más odioso, debió pensar, hay que arrancarlas de las garras de los ricos (tampoco lo sabe, pero en su fuero interno sigue a San Jerónimo, ese enloquecido Padre de la Iglesia que decía que “un rico es un ladrón o un hijo de ladrones”) y, seguía pensando en su delirio, Yo, Zapatero, el Apóstol de la Pachamama y el Buenrrollismo, soy El Llamado a Redimir España de la injusticia. Algún técnico sensato le debió convencer de que eso era una barbaridad que podría enviarnos al tercer mundo, porque al final no expropió todas las plusvalías sino sólo una parte.

Pero su idea podía venderse, al fin y al cabo se trataba de abrir un debate sobre la legitimidad de algunos para obtener beneficios y no pagar por ello y gritar ¡Es malvado! ¡Al menos una parte de esos beneficios debe revertir sobre los que menos tienen!

Así que lo que hizo fue lo más contradictorio que pueda hacer un progre, lo más estúpido que se le pueda ocurrir a un adolescente neocon: redujo el impuesto a los especuladores desde el cuarenta y cinco al dieciocho por ciento y castigó a los ahorradores con una subida de impuestos que daña a los ahorradores, favorece la inflación, desincentiva la actividad económica y promueve el dinero negro. Es difícil ser tan imbécil.

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