Cómo aplicar la idiocia a la política fiscal (ii)

Pues como aventuraba en el post anterior, me voy a poner pesado, porque la lista de idioteces que esta gente ha perpetrado en el campo de los dineros es de un tamaño cósmico, aunque ahora me valga con limitarme a la política fiscal pasando de la financiera (la desregulación cometida da también para escribir mucho) y hablar sólo de la primera, la que acordaron a poco de llegar, y de la última, cuya gestación tiene aspectos estupefacientes. Y me refiero a la defunción y renacimiento de aquello que se llamó “Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas” que pergreñaron entre Pacordoñez, aquel tornadizo y voluble ministro de Justicia y Hacienda con ucedé y de Exteriores con el pesoe, hermano que era de Mafo, y un tal Drake, insigne hacendista al que le venía el apellido como anillo al dedo. Hagamos memoria.

El engendro se llamó “extraordinario” porque estaba pensado para que funcionara unos pocos años y sirviera para enterarse de qué era lo que poseían los contribuyenes como una forma de detectar rentas ocultas. Una vez obtenidos los datos y aplicadas las nuevas tecnologías a la recaudación (pese al bueno de Miguel Ríos), el impuesto sobraba completamente: su capacidad de recaudación era mínima y los gastos que causaba su gestión eran demasiado elevados como para que fuera rentable. Además, era gravemente injusto al hacer pagar por segunda o tercera vez por tener los mismos bienes, y muchos ilustres hacendistas mantienen que también era inconstitucional por tratarse de un impuesto confiscatorio, pues se pagaba por el mero hecho de tener algo al margen de que produjera rentas o no, de manera que si eras alguien sin ingresos pero propietaria de un par de pisos, había que pagar el impuesto sobre el patrimonio sí o sí, de manera que, al final, el estado se quedaba con los pisos.

El malhadado Tribunal Constitucional de la época agónica de González acabó fallando, nunca tan bien dicho, que no era un impuesto confiscatorio porque sólo se pagaba hasta el límite del ¡ochenta por ciento! de la renta del sujeto pasivo, que manda pelotas. O sea, que la viuda anciana con una pensión de trescientas mil anuales pero con una casa de pueblo heredada de sus padres, de las de patio y corral, como eran las casas de pueblo, podía pagar por el impuesto doscientas cuarenta mil pelas, y mantenerse viva con unas cinco mil doscientas al mes. O sea, que podía vender la casa familiar al promotor cuñado del alcalde, pagar el sesenta por ciento en el IRPF (que hasta eso llegaba), el ocho por ciento por el Impuesto de Transmisiones, la plusvalía municipal (sobre el incremento del valor del terreno urbano) por la inflación y la especulación de los últimos veinte años, que ese es el límite, y comprarle un pisito al mismo promotor cuñado del alcalde pagando el IVA correspondiente. Vamos, que nadie le confiscaba nada...

En fin, que aunque la ancianita falleciera con la notificación de Hacienda, tampoco sería un problema: los crujidos tributarios serían los herederos que en plazo de seis meses tendrían que pagar el Impuesto de Sucesiones, otro que tal baila, así que el cuñado promotor se acababa quedando con la casa.

El caso es que los impuestos sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones, que tampoco recaudaba lo suficiente como para mantenerlo, eran dos impuestos incómodos y poco útiles, pero los psocialista los habían blandido demasiadas veces contra los ricos como para quitarlos, así que González, cualquier cosa menos tonto, los metió en el paquete de cesiones a las autonomías dándoles, además, una excusa estupenda para que contrataran unas decenas de miles de funcionarios para recaudarlos y el paro bajara un poco, y para que que el aparatchik psocialista, gobernante en casi todas partes, aprovechara el mogollón de familiares y amigos mu listos y mu bien formaos que tenía para nombrarlos directores generales, asesores o simples gestores de informes raritos, facturas hueras y vistas gordas.

Pero un buen día el pepé empezó a gobernar en varias comunidades autónomas y a aplicar políticas razonables. Se dio cuenta de que no se recaudaba más por tener más impuestos, así que eliminó el impuesto de sucesiones de padres a hijos en Navarra. Y no le fue mal. Poco después, cuando las autonomías psocialistas y no digamos la catalana estaban ya endeudadas hasta el cuello y necesitaban rascar de todas partes, la Lideresa lo suprimió en Madrid justo cuando Madrid aceleraba y Cataluña se iba quedando atrás. Seguro que a Esperanza le da la risa cuando se acuerda, porque los ricos catalanes, los de verdad, cuando se sentían mayores y empezaban a preparar la herencia, lo primero que hacían era empadronarse en Madrid para que los hereus no pagaran impuestos, con lo que, además, el IRPF lo pagarían también allí hasta su postrer adeu. Los aullidos de la nomenclatura catalana eran desgarradores, pasaron años intentando que se impidiera rebajar impuestos cedidos, pero ni Aznar estaba por la labor ni había ninguna posibilidad legal de impedir que las autonomías gestionaran sus presupuestos como les petara: una cuestión de hacer cuentas ¿qué es más? ¿lo recaudado por sucesiones a la clase media catalana? ¿lo que se va a Madrid por sucesiones y por IRPF de los vejetes muy ricos?

Me da la impresión que la paciencia y el seny catalán saltó por los aires cuando nada más ganar Z en dosmil ocho, Esperanza anunció su intención de eliminar en Madrid el Impuesto sobre el patrimonio. Si mala era la emigración de los ricos achacosos catalanes a Madrid por las sucesiones, que los herederos se vinieran también para no pagar el patrimonio era ya inaceptable, y todo porque los catalanes son muy mirados con los dineros, y cualquiera de los cientos de empresas medianas que hay por allí tiene un valor de unas decenas de millones de euros, y soltar doscientos mil lereles por cada diez millones de valor cada año, aunque sea para el Govern de la Generalitar, pudiendo no hacerlo, es demasiado duro para un catalán por más barretina, más sardana y más castell se gaste los domingos.

Nadie lo ha dicho, pero creo firmemente que la minoría catalana, en uno de los acuerdos que le vendieron a Zeta, incluyeron como condición sine qua non la desaparición de un impuesto sobre el patrimonio cuya eliminación sólo Madrid se podía permitir y, sobre todo, que el dinero que se perdiera con esa supresión general lo pagara el estado español directamente a las “perjudicadas” autonomías. Y el bobo tragó. Y proclamó que era un impuesto injusto e inutil que penalizaba el ahorro. Y empezó a soltar la pasta a las comunidades autónomas.