A vueltas con los trajes

Lo que está pasando con los trajes de Camps (y curiosamente no pasa con el cinturón de Hermès de los mítines de Zapatero ni con el fondo de armario de la MariVice) va mucho mas allá del artículo 426 del código penal. Es mucho mas grave que los sumarios secretos de Garzón, de la utilización partidista de la Fiscalía o las informaciones y filtraciones impunes a los torpes liberticidas que, abocados a una quiebra inevitable, insisten en regalar su pasada posición de dominio de la opinión pública a los nuevos amiguitos de ese señor tan solemne que está dejando de parecerse a Mr. Bean y se parece cada vez más al Joker y que encabeza el tal Roures (me pregunto si ha elegido a ese para que no pueda hablarse de la “beautiful people” de Zapatero como se hablaba de la de González)

Lo que está pasando es una sucesión de hechos que configuran un gravísimo camino de desprecio y vulneración de los principios básicos de la convivencia, de los pilares que mantienen el entramado de libertades que deberíamos considerar absolutamente intocables, algo que debería levantar en la población un sentimiento de desprecio que relegase a la ignominia perpetua a todo aquel que cayera en la tentación de intentarlo, algo que nos aleja de la civilización y nos acerca a los modos de hacer y de pensar de esos países que jamás saldrán de la miseria por haber caído en las redes de la demagogia y la supresión de la seguridad jurídica.

Garzón se puso a instruir, en secreto, un sumario contra algunos individuos más o menos cercanos al Pepé. Coincidiendo con la campaña para las elecciones europeas, el sumario secreto se filtra a Prisa, que no duda en utilizar las filtraciones como arma de propaganda. No todo les sale bien: se descubre, que el Juez del secreto, el Ministro de Justicia y el Jefe de la Policía que materializaba las investigaciones de Garzón acuden, juntos y de gorra, gratis total, a una cacería de las de a millón de pelas por persona, y aparentemente se dedican a coordinar las actuaciones. Las fotos de la cacería le cuestan el Ministerio a Bermejo y dos querellas a Garzón (de las que sale prácticamente indemne), pero las filtraciones siguen día a día. El plan no funciona y el Pepé gana las elecciones.

El Psoe, enrabietado, continúa con las filtraciones y su brazo armado mediático le dedica al tema una serie de primeras páginas y noticias de apertura de informativos que afirman que sin lugar a dudas, Camps, ese presidente valenciano que les sacude inmisericordemente en todas las elecciones, ha sido sobornado con dos trajes y unos zapatos. Pero vuelve a salirles mal: se filtra también que el sastre que no es sastre, pieza clave para acreditar que Camps no había pagado esos dos trajes, ha declarado dos veces, y con profusión de detalles, que sí que lo había hecho. Inmediatamente Garzón se reúne con el padre del sastre que no es sastre, que también es juez, y el sastre que no es sastre cambia su declaración para afirmar que Camps no pagó nada de nada. Entretanto, los dueños de la tienda del sastre hacen público que lo tuvieron que echar porque hacía facturas falsas para quedarse con la pasta. Algunos medios se dan cuenta de la irregularidad que representa que la instrucción de un sumario contra un aforado no lo lleve el Tribunal adecuado y Garzón, después de resistirse más de un mes, y quizá por el riesgo de ser acusado de prevaricación, el Juez de la voz atiplada pasa el asunto a los tribunales valencianos.

Ya con los autos en Valencia, las fuerzas de la progresía van consiguiendo pequeñas victorias, pero se les pone la mosca detrás de la oreja, que ya no es Garzón quien controla, y van soltando pequeñas o grandes insinuaciones sobre la parcialidad de los jueces y las presiones del Pepé.

Por fin, se acaba de dictar un auto que dice que Garzón es un cantamañanas y que los progres son bobos y malintencionados, porque, sobre todo, lo que debe probarse es la culpabilidad, no la inocencia, que la aplicación del tipo penal no puede ser automática sino que debe estudiarse qué es lo que concretamente dice, que eso “en consideración a su función”, básico para la aplicación del tipo, debe entenderse en sus justos términos, que no dice “en consideración a su cargo”, sino que habla de “la función” de quien recibe el regalo, y esta tiene que ser la adecuada para que produzca beneficios directos a quien hace los regalos y siempre manteniendo una relación de causalidad entre los regalos, la función y los beneficios. Estricta técnica jurídica. Pues no faltaba mas que fuera delito lo de aceptar cualquier regalo si tienes algún cargo público. Se llenarían los despachos de regalos sin remite, para que no pudieran devolverse, enviados por los enemigos del fulano con cargo público, y sería delito, efectivamente, lo de las anchoas que decía la alcaldesa. Eso no lo piensa ni Garzón, que acepta invitaciones a cacerías carísimas sin procesarse a sí mismo ni a los ministros con los que comparte la matanza. Sólo la oceánica ignorancia de algunos opinadores, azuzada por los más oscuros intereses partidistas, puede mantener la interpretación por la que habían empitonado a Camps, a quien el auto deja limpio de polvo y paja.

¡Gensanta! ¡La que se ha montado! ¡Cómo se han puesto los progres! ¡Qué forma de rasgarse las palestinas! ¡Si hasta ha tenido que salir la MariVice desde sus vacaciones pagadas por hispanoamérica a ordenar a Conde Pumpido que recurra de inmediato, con ese mohín tan simpático que hace cuando al hablar sólo levanta una mitad del labio superior y deja la otra con sus arruguitas verticales,! Y entre las nubes de plañideras indignadas van tomando forma de sesudos argumentos los entresijos de todo el trabajo de agitprop que llevan haciendo varios meses.

Los razonamientos que usan contra la absolución de Camps es que todo el mundo sabe que es un corrupto porque llevan meses diciéndolo los periódicos y las radios, que no ha probado que pagara los trajes y que no se puede absolver a alguien que está siendo acusado (por ellos mismos, sus fiscales y sus jueces) de actos tan graves con una simple argumentación jurídica no basada en una previa demostración fáctica de inocencia. Tres argumentos, todos peligrosos y uno peligrosísimo.

El primero, que basta una campaña de prensa para condenar a alguien, porque si se repite mil veces una mentira se convierte en verdad.

El segundo, muy propio de estos fundamentalistas inquisitoriales, que si el acusado es alguien que no respeta el pensamiento único, debe probar su inocencia, pues su culpabilidad está probada por las portadas del otrora diario independiente de la mañana.

El tercero, que cada vez oigo más veces, que basta con que el fiscal acuse para que no se pueda absolver con fundamentos basados en la mas simple técnica jurídica. Ese argumento ha aparecido con la absolución de los Albertos, con la de Alierta, ahora con la de Camps.

Lo que en definitiva están planteando estos pájaros, y me temo que ya lo tienen clavado en el inconsciente colectivo como axioma inmutable, es que sólo El Pueblo Soberano, a través de los órganos de expresión pertinentes, puede decidir cómo deben interpretarse las leyes en cada momento y para cada persona. Y los jueces deben obedecer. La seguridad jurídica a freir puñetas.