En 1980 teníamos una Constitución nuevecita, reluciente, que se había redactado entre todos, estando todos de acuerdo en todo momento menos al final, que el Psoe tenía que dar la campanada y por no recuerdo qué chorrada salió de la Comisión Constitucional cuando ya estaba todo hecho para dejarse la puerta abierta por si quería impugnar algo (de esto sólo he vuelto a oir hablar durante la bronca de la guerra de Iraq, así que, cuando vuelvas a verlo en algún periódico, tómatelo como un aviso de insumisión constitucional y prepárate, que vienen traiciones). Bueno, pues con ese panorama se puso en marcha el primer Tribunal Constitucional.
Por supuesto, su formación se cuidó muchísimo. Para presidirlo, se buscó al quizá más reputado constitucionalista español. Afincado en Venezuela, D.Manuel García Pelayo era enormemente respetado por el mundo académico, y aunque podía observársele una cierta cojera hacia la izquierda, en aquel momento no quería decir otra cosa que no aprobaba el franquismo en absoluto y que sus convicciones democráticas eran rigurosas en extremo. Profesor en varias universidades americanas, sus publicaciones se respetaban como fuentes de saber
En octubre 1982, el Psoe ganó las elecciones con una mayoría ya no absoluta, sino arrolladora. Y se dispuso a reconducir el país, que había mucho que hacer (y, dicho sea de paso, aquellos años no lo hizo mal). Pero debía usar mano de hierro, necesitaba el pleno sometimiento de todas las instancias sociales. Sólo se le intentaron resistir, mínimamente, por el camino de intentar desviar la atención o el camino, las grandes empresas, financieras o industriales, que directamente sólo se les enfrentó Jose María Ruiz Mateos, el propietario del mayor grupo empresarial de aquella España subdesarrollada.
No lo podían permitir. un 23 de febrero de 1983, por la noche y sin justiprtecio, expropiaron todo el grupo Rumasa por medio del Real Decreto Ley 2/1983 (y posteriormente lo repartieron entre sus amiguetes, en lo que fué la primera piñata de la edad moderna de esta gente), ¡una Ley con carácter particular!. Alianza Popular lo recurrió al Constitucional. Era evidente que era inconstitucional, incluso uno de los miembros del Tribunal le dijo a Fraga que no era necesario que recurriera la Ley de convalidación, que el RDL sería, sin duda, declarado inconstitucional.
Las presiones fueron intensísimas, y cinco magistrados (Arozamena, Latorre, Diez Picazo, Tomás y Valiente y Diez de Velasco, no los olvidemos), por convicción o sometidos por tales presiones, estaban a favor de aceptar la constitucionalidad del Real Decreto Ley frente a los otros seis magistrados que estaban en contra (Gloria Begué, Escudero del Corral, Gómez-Ferrer, Pera Verdaguer, Rubio Llorente y Truyol Serra, que tampoco podemos olvidar a los resistentes). Incomprensiblemente, el Presidente, con su voto de calidad, se inclinó de parte de la minoría por primera vez y se consumó el desprestigio del Tribunal. El bueno de García Pelayo dimitió antes del vencimiento de su mandato, se volvió a Venezuela y murió rápidamente, sin hablar nunca de Rumasa, pero, al decir de sus allegados, profundamente conmovido por aquel episodio que ahora nos va a costar dieciocho mil millones de euros, o tres billones de pesetas, con “b” de barbaridad. Barata no salió la gracieta psocialista.
El Tribunal Constitucional, víctima ya de un descrédito generalizado, no volvió a dar que hablar (ni para bien ni para mal) hasta que quedó formado por aquel malhadado grupo de federalistas y nacionalistas de los años 95 a 2000, que consiguieron desmembrar la unidad de mercado, atentar contra la estabilidad financiera y desactivar la sensatez en materia urbanística facilitando “el pelotazo” de una forma que ni los mas acérrimos cultivadores de cuñados constructores pudo nunca imaginar, pero lo han celebrado. ¡Vaya si lo han celebrado!. Y ahora vuelve a depender de él el futuro de España. Otra vez están recibiendo brutales presiones para que traicionen a sus conocimientos y a su país y se traguen un Estatuto de Cataluña nacido de la majadería de boca caliente aquella del 13 de noviembre de 2003 de "apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña" que soltó el tipo ese de pocas luces y cejas raras cuando no podía imaginar que ganaría las elecciones del año siguiente, ese mismo que dice que "respeta" que doce diarios catalanes asuman un editorial único como en un flash back de la Prensa del Movimiento, que parece muy probablemente redactado por su propia gente en Cataluña, esos que gobiernan de la mano de la ERC y los extremosos sucesores del PSUC, los mismos del golpe de estado y la declaración del Estado Catalán del 34.
Si la vuelven a cagar los sabios del Tribunal, probablemente no sólo destruirán definitivamente la posibilidad de que nadie se tome en serio la Institución, cayendo además la deshonra sobre sus miembros, también habrán dado su Visto Bueno a un Estatuto que sólo representa la división de España en el mejor de los casos, pero quizá la balcanización si no se coge el toro por los cuernos trazando fronteras sólidas con una Cataluña ya perdida y abriendo un periodo constituyente que rehaga desde el principio una Ley de Leyes torturada hasta la muerte. Y esta vez sin Título VIII.
Por supuesto, su formación se cuidó muchísimo. Para presidirlo, se buscó al quizá más reputado constitucionalista español. Afincado en Venezuela, D.Manuel García Pelayo era enormemente respetado por el mundo académico, y aunque podía observársele una cierta cojera hacia la izquierda, en aquel momento no quería decir otra cosa que no aprobaba el franquismo en absoluto y que sus convicciones democráticas eran rigurosas en extremo. Profesor en varias universidades americanas, sus publicaciones se respetaban como fuentes de saberEn octubre 1982, el Psoe ganó las elecciones con una mayoría ya no absoluta, sino arrolladora. Y se dispuso a reconducir el país, que había mucho que hacer (y, dicho sea de paso, aquellos años no lo hizo mal). Pero debía usar mano de hierro, necesitaba el pleno sometimiento de todas las instancias sociales. Sólo se le intentaron resistir, mínimamente, por el camino de intentar desviar la atención o el camino, las grandes empresas, financieras o industriales, que directamente sólo se les enfrentó Jose María Ruiz Mateos, el propietario del mayor grupo empresarial de aquella España subdesarrollada.
No lo podían permitir. un 23 de febrero de 1983, por la noche y sin justiprtecio, expropiaron todo el grupo Rumasa por medio del Real Decreto Ley 2/1983 (y posteriormente lo repartieron entre sus amiguetes, en lo que fué la primera piñata de la edad moderna de esta gente), ¡una Ley con carácter particular!. Alianza Popular lo recurrió al Constitucional. Era evidente que era inconstitucional, incluso uno de los miembros del Tribunal le dijo a Fraga que no era necesario que recurriera la Ley de convalidación, que el RDL sería, sin duda, declarado inconstitucional.
Las presiones fueron intensísimas, y cinco magistrados (Arozamena, Latorre, Diez Picazo, Tomás y Valiente y Diez de Velasco, no los olvidemos), por convicción o sometidos por tales presiones, estaban a favor de aceptar la constitucionalidad del Real Decreto Ley frente a los otros seis magistrados que estaban en contra (Gloria Begué, Escudero del Corral, Gómez-Ferrer, Pera Verdaguer, Rubio Llorente y Truyol Serra, que tampoco podemos olvidar a los resistentes). Incomprensiblemente, el Presidente, con su voto de calidad, se inclinó de parte de la minoría por primera vez y se consumó el desprestigio del Tribunal. El bueno de García Pelayo dimitió antes del vencimiento de su mandato, se volvió a Venezuela y murió rápidamente, sin hablar nunca de Rumasa, pero, al decir de sus allegados, profundamente conmovido por aquel episodio que ahora nos va a costar dieciocho mil millones de euros, o tres billones de pesetas, con “b” de barbaridad. Barata no salió la gracieta psocialista.
El Tribunal Constitucional, víctima ya de un descrédito generalizado, no volvió a dar que hablar (ni para bien ni para mal) hasta que quedó formado por aquel malhadado grupo de federalistas y nacionalistas de los años 95 a 2000, que consiguieron desmembrar la unidad de mercado, atentar contra la estabilidad financiera y desactivar la sensatez en materia urbanística facilitando “el pelotazo” de una forma que ni los mas acérrimos cultivadores de cuñados constructores pudo nunca imaginar, pero lo han celebrado. ¡Vaya si lo han celebrado!. Y ahora vuelve a depender de él el futuro de España. Otra vez están recibiendo brutales presiones para que traicionen a sus conocimientos y a su país y se traguen un Estatuto de Cataluña nacido de la majadería de boca caliente aquella del 13 de noviembre de 2003 de "apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña" que soltó el tipo ese de pocas luces y cejas raras cuando no podía imaginar que ganaría las elecciones del año siguiente, ese mismo que dice que "respeta" que doce diarios catalanes asuman un editorial único como en un flash back de la Prensa del Movimiento, que parece muy probablemente redactado por su propia gente en Cataluña, esos que gobiernan de la mano de la ERC y los extremosos sucesores del PSUC, los mismos del golpe de estado y la declaración del Estado Catalán del 34.Si la vuelven a cagar los sabios del Tribunal, probablemente no sólo destruirán definitivamente la posibilidad de que nadie se tome en serio la Institución, cayendo además la deshonra sobre sus miembros, también habrán dado su Visto Bueno a un Estatuto que sólo representa la división de España en el mejor de los casos, pero quizá la balcanización si no se coge el toro por los cuernos trazando fronteras sólidas con una Cataluña ya perdida y abriendo un periodo constituyente que rehaga desde el principio una Ley de Leyes torturada hasta la muerte. Y esta vez sin Título VIII.
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