Tribunal, Estatuto y Constitución (y ii)

El caso es que la patata está caliente y es suya, es de diez tipos de los que dicen que saben derecho a espuertas pero que se deben a quien les nombró, al partido que les designo para “tan alta magistratura”, pero están mareándola a ver si se enfría, que son ya tres años con la patata calentita, tres años en los que se ha estado dando por bueno y se ha estado legislando conforme a lo que dice el Estatut.

La abominación fué engendrada el 13 de noviembre de 2003 en el Palau Sant Jordi de Barcelona, donde el PSC celebraba un mitin electoral para las autonómicas y cuando a un insensato se le ocurrió decir “apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña”. Nadie le dió importancia a aquello. Ni la gente de su partido se lo tomaba en serio, que era un mindundi al que habían colocado como candidato en las elecciones generales para que recibiera el vapuleo de un Rajoy que iba a ganarlas, y luego quitarlo y colocar como jefe de la oposición a un peso pesado del partido que pudiera ponerse en el lugar adecuado para desbancar al Pepé.

Pero unos trenes de cercanías, la habilidad del Gran Calvorota convocando a los progres en Génova, que ya estaban entrenados en acosar las sedes del Pepé, y quien sabe si con la colaboración también de oscuras alcantarillas, dieron la vuelta a las elecciones y, para estupefacción de un José Bono descolocado por completo, dejaron como Presidente de Gobierno a un radical de barra de bar, a un iletrado que jamás había trabajado por cuenta ajena, al insensato de Barcelona.

Por supuesto, la satrapía catalana no perdió un minuto y se puso a trabajar en un Estatuto “de máximos”, y en poco mas de un año habían redactado un estatuto mas largo que una constitución hispanoamericana, un ladrillo que pasaba a regular la vida catalana hasta unos niveles que en momentos históricos de respeto a la libertad habría generado algaradas violentas, pero que a los políticos les gustaba y a los ciudadanos les daba igual por completo, que la sociedad civil catalana está adormecida desde hace veinte o treinta años. El 30 de septiembre de 2005 el nuevo Estatuto fue aprobado en el Parlamento de Cataluña, y se admitió en el Parlamento nacional el 2 de noviembre. Sin embargo, pequeños intereses electoralistas hicieron que algunos de los partidos de la pomada le pusieran objecciones. El Estatut estaba muerto.

Pero El Insensato no estaba dispuesto a dejar de aparecer ante los ojos de su electorado catalán (mejor, del electorado de su partido dizque hermano, el PSC) como el conseguidor bueno que les facilitó un estatuto nuevo. A ese pájaro le daba igual lo que dijera, sólo pretendía ser querido por los catalanes, así que citó en la Moncloa a Artur Mas, ese señor catalán que tiene pinta de encargado de la planta de caballeros de El Corte Inglés y que tenía problemas para admitir un Estatuto que podría generar problemas de aceptación de los productos catalanes en el resto de España, y lo tuvo toda una noche de charleta hasta que se avino a aceptar el documento que facilitaría la independencia de Cataluña (y la pérdida de sus mercados naturales).

El Estatuto se aprobó en el Parlamento el 30 de marzo de 2006 y se sometió a referendum en junio. El treinta y seis y pico por ciento de los catalanes con derecho a voto estuvieron encantados con el proyecto, así que entró en vigor a pesar de que el Pepé y el Defensor del Pueblo, el otrora socialista, muñidor con Castellanos de la renovación de Suresnes del 73, y conspirador con el General Armada contra el Título VIII de la Constitución, recurrieron al Constitucional. Y hasta ahora.

Y no parece difícil dictar una sentencia si lo que se pretende es decir si se ajusta o no a la constitución. El gran administrativista (que de eso va la constitucionalidad en este caso) y catedrático de la Complutense Tomás Ramón Fernández lo ha dicho claro clarito: "Esta sentencia está hecha. El TC solo tiene que cortar y pegar sus sentencias anteriores", para tumbar un Estatuto que "es inconstitucional de la cruz a la raya". ¿La constitucionalidad de la pretensión lingüística del Estatuto? Cópiense las tres sentencias emitidas por el TC sobre la inmersión lingüística en Galicia, País Vasco y Cataluña. ¿ La cuestión competencial? Cópiese la vieja sentencia de la LOAPA. ¿La tabla de derechos? Cópiese la reciente sentencia sobre el estatuto valenciano. Y así podríamos seguir. La crónica la daba hace unos dias El Semanal Digital

Pues a pesar de estar las cosas claras, en realidad parecen crudas para la razón, que la mitad de los magistrados están por comerse el sapo catalanista y la otra mitad por defender su honor, el Tribunal y la Constitución, con lo que la Presidente tiene el problema de ganarse la lapidación pública, que le escupan por la calle, que se aparten de ella en los restaurantes, que los camareros no le pongan tapas con la caña, haciendo lo que hizo García Pelayo para apoyar a quien la nombró. Y es que Zapatero necesita que el Estatuto pase la prueba del algodón, porque si no lo pasa, pierde Cataluña y con ella su salida del Gobierno de España es absolutamente inevitable (apuesto que ya lo es, y que la goleada si pierde Cataluña sería de escándalo). Pero la situación es diabólica. Si no pasa el Estatuto, malo para el Psoe. Si pasa, malo para todos lo demás. Podemos dar por muerto el Tribunal Constitucional, y sus magistrados pueden darse por despreciados para siempre, podemos estar seguros de que el resto de las autonomías van a querer lo mismo que Cataluña (yo exigiría que Madrid tuviera también todas las inversiones que corresponden a su peibé, aunque le tocara joderse a Castilla La Mancha o Galicia), podemos empezar a mearnos en la constitución (ya con minúscula) del 78. Porque se acabó lo que se daba, se acabó la convivencia, se acabó ser otra cosa que paganos de la incompetencia catalana.

Y quien parece que puede elegir es nada menos que el Psoe. Ese partido al que todo le da absolutamente igual, menos perder el poder, tener que volver a unos empleos mediocres después de estar años pisando moqueta. ¿Qué más les da que esto se vaya a hacer gárgaras mientras puedan seguir subidos en el coche oficial?. Sepámoslo: el bien común les importa menos que nada. En momentos mas civilizados que los actuales les habrían juzgado por traición a la patria (y condenado, probablemente)

La clave dicen que está en D.Manuel Aragón, catedrático de Derecho Constitucional en las universidades de Zaragoza, País Vasco, Valladolid y Autónoma de Madrid, decano de la Facultad de Derecho de esta última y profesor en Florencia, Marsella, Siena, Pisa, Roma, Padua, Lisboa, Heidelberg, México, Colombia, Venezuela, Buenos Aires o Mendoza ha sido presidente del Consejo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid y miembro del Consejo de Estado, y que tiene un prestigio intelectual y ético que parece que no quiere perder, de forma que, a pesar de haber sido nombrado por los esgarramantas del Psoe, han filtrado que está dispuesto a votar que el Estatut es inconstitucional de la cruz a la raya como los magistrados conservadores (qué vergüenza de división). Lo que no se sabe es si aguantará las presiones. No sólo las presiones de la Prensa del Movimiento catalana (cuyo editorial conjunto ha leído El Iletrado “con interés y respeto”), del presidente del Barça (vaya pájaro impresentable, por cierto) y de todo el cuerpo político del territorio, además de gentes del psoe de toda clase y circunscripción, sino también del Gobierno de la nación. Para doblarle el brazo, El País ha llegado a acusarle que estar ahí por maniobrar para ser el próximo Presidente del Tribunal, lo que ha desmantido airado. ¿A que no nos extrañaría que le rajaran las ruedas del coche o que degollaran a su perro?.

Quizá lo que lleve a este héroe (si es verdad lo publicado) a mantenerse en sus trece, aunque solo fuera por higiene intelectual, podría ser el argumento que están utilizando las fuerzas políticas: que el Tribunal Constitucional no puede echar atrás lo que ha aprobado el pueblo catalán, que la Constitución no puede estar por encima de la voluntad del pueblo (con dos cojones y el treinta y seis por ciento a favor). La indudable idiotez del argumento refuerza no ya la convicción de cualquier constitucionalista de que ni siquiera los autores de la abominación creen que quepa en la Constitución del 78, también hace pensar que de aprobarse el estatuto la gobernación de una parte enorme de España quedaría en manos de unas gentes que son tan ineptas e incapaces como las que ahora nos gobiernan a todos (porque es imposible imposible que sean más torpes ¿no?), y eso no lo debería consentir nadie con sentido de estado si no fuera por la intervención de un imperativo legal que en este caso no existe, antes bien, el imperativo constitucional opera en sentido contrario, en impedir que el Estatuto catalán llegue a buen término.

Pero las presiones deben ser espantosas, incluídas las del Gobierno del palo y la zanahoria, de un Gobierno que probablemente le ofreció ser Presidente del Tribunal Constitucional (la cuarta autoridad del Estado), pero que además de destruirlo como candidato a través de su brazo armado mediático, tiene un Ministro del Interior que ha llegado a decir a gritos “¡VEO TODO LO QUE HACES, OIGO TODO LO QUE DICES!” Acojona. ¿O no?